Carta de la Familia Benhumea a la SCJN

La SCJN podría ser cómplice por omisión

A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La familia del joven Alexis Benhumea, estudiante privado de la vida por el gobierno del Estado de México y la PFP en Atenco, les preguntan:

1. ¿Actuaron de motu propio los policías?

2. ¿La Corte va a ser cómplice por omisión, y lavandería de violaciones a los derechos humanos?

3. ¿Se están dejando presionar por algunos gobernantes implicados?

a) Amnistía Internacional, la Comisión Civil Internacional, la CNDH, Miguel Pro y la FIDH, que son de las organizaciones más importantes en derechos humanos en México y el mundo, han comentado a través de sus informes que sí hubo violaciones graves a los derechos humanos en Atenco.

b) Que si ustedes no ejercen su facultad consagrada en el artículo 97 de la Constitución estarían dando licencia a las policías para que maten, por el simple hecho de ser policías, tal y como lo menciona en su ponencia el ministro Góngora Pimentel.

c) La CNDH ya investigó, pero el artículo 97 de la Constitución faculta a la Corte para intervenir en casos especialmente graves, y éste lo es.

d) El ministro Góngora comenta: "hice mía la petición del grupo de ciudadanos porque mi conciencia no me dio otra alternativa". Y los otros ministros... ¿qué hay de su conciencia?

e) La preservación del orden se garantiza con el respeto a los derechos humanos.

f) El desprestigio de México en el mundo en materia de derechos humanos ya es grave.

g) En particular, Miguel Benhumea cita a un debate en materia jurídica al ministro Aguirre Anguiano, para decirle porqué sí son graves las violaciones a las garantías individuales cometidas en Atenco.

h) Cuando vayan de vacaciones a Europa no van a poder decir que son ministros de la Corte en México, porque les puede pasar, como a Felipe Calderón, que les reclamen.

Les exigimos no ser rehenes ni cómplices, por omisión, de los homicidas.

Atentamente.

Familia Benhumea Hernández

En juego, el papel de la Suprema Corte

El concepto esencial que subyace en la discusión pospuesta para el martes 6 de febrero, sobre la procedencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de crear una comisión que investigue si en los hechos suscitados en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, los aparatos de seguridad del estado violaron gravemente las garantías individuales, no sólo son los hechos de Atenco. Lo que se encuentra en juego es la actuación de la Corte como máximo órgano de control constitucional encargado de vigilar que las autoridades preserven el estado de derecho.

La pretensión del ministro Aguirre Anguiano, plasmada en el proyecto de resolución que presentó ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 1° de febrero de 2007, mediante el cual no sólo desecha la petición de crear una comisión investigadora, sino que pretende limitar los alcances del artículo 97 constitucional, de aprobarse representaría un grave retroceso en el avance democrático, ya que el órgano encargado de la preservación del orden constitucional se estaría autolimitando en sus funciones de garante del Estado de derecho al establecer requisitos sumamente rígidos para poder ejercer la facultad de investigación.

Hacemos a los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación un llamado a la reflexión, para que el día 6 de febrero emitan un voto en favor de la creación de la comisión investigadora y también en favor de preservar la facultad de investigación, tal y como fue concebida por el Constituyente de 1917.